Mallku Khota (la segundita)

Una reflexión popular reza que “los derechos de uno terminan donde empiezan del otro”. Entonces, ¿quién regula nuestros derechos para que sea de esta manera? El Estado como el gran ente organizador de la sociedad entre en juego. El caso Mallku Khota muestra al Estado como un actor pasivo o demasiado lento para realizar acciones para frenar la violencia entre comunarios y, además, el secuestro de cuatro personas.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 30, parágrafo 2, inciso 15 indica que “las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados… cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles… respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en los territorios que habitan… (y tienen derecho) a la participación en los beneficios de la explotación de los beneficios dela explotación de los recursos naturales en sus territorios”.

Vemos que los comunarios defienden sus intereses basados en este artículo. Pero la protesta que realizaron, secuestrando a esas cuatro personas,  de ninguna manera puede ser aceptada ya que estarían violando el art. 15, par. 1 “toda persona tiene derecho a la vida e integridad física. (…) Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos”; y el par, 2 “todas las personas… tienen derecho a no sufrir violencia física”

El gobierno del MAS actúa de forma dispareja en cuanto a hacer espetar los derechos se refiere. Se tuvo que es esperar que exista un fallecido y cuatro secuestrados, debido a los conflictos, para entrar en acción para que se cesen las agresiones en la comunidad. Después de liberar a las personas cautivas, se dio paso a cumplir el derecho por el cual peleaban los comunarios que está escrito en el artículo 30 de la CPE.

Existen otras medidas para hacer escuchar nuestras demandas, incluso más efectivas. No es necesario violar la integridad física de otras personas, ni recurrir a enfrentamientos y que se derrame sangre. Debemos hacer cumplir nuestros derechos y no podemos vulnerar los del otro, porque existe un camino que es inagotable, el diálogo.

Columna - Mallku Khota

Columna - Mallku Khota

Durante este lapso de seis años de gobierno  del señor Evo Morales, se han ido generando interrogantes sobre cómo se manejan los recursos naturales. Se han dado las “nacionalizaciones”, que hasta el cansancio se repite que son verídicas, pero por otra parte se demuestra que son falacias y es pura demagogia.

La más reciente noticia involucra a Mallku Khota, que para muchos recién la ubicaron en el mapa después del conflicto. El gobierno solucionó el problema con una velocidad que deja  mucho que desear. Se pudieron evitar el deceso del comunario y del secuestro y tortura de los dos ingenieros y un policía. Pero, ¿en realidad tenemos que llegar a enfrentarnos y a secuestrar a hermanos bolivianos para ser escuchados? Parece que con un gobierno soberbio es menester.

La reversión de la concesión minera de Mallku Khota queda en manos del presidente Morales. Pero seamos realistas, el decreto que la haría efectiva sería difícil sacarla y su promulgación no sería de manera inmediata. Y para este cometido el gobierno se debe poner de acuerdo con la parte técnica y la jurídica tanto de las autoridades nacionales como de las comunarios.

Dentro del acuerdo suscrito por el gobierno y los comunarios había un punto que señalaba que se iba a apoyar legalmente para que se acelere el caso del comunario Cancio Rojas. En un principio el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, había indicado que el gobierno no se involucraría en ese asunto porque le compete al Poder Judicial; pero con lo pactado, la Gobernación de Potosí apoyará con dos abogados para que sea liberado de en tiempo breve. Con esto se ve que la aplicación de la justicia en su cabalidad es negociable y que la presión social ayuda, de alguna manera, a que sigue la impunidad.