Mallku Khota (la segundita)

Una reflexión popular reza que “los derechos de uno terminan donde empiezan del otro”. Entonces, ¿quién regula nuestros derechos para que sea de esta manera? El Estado como el gran ente organizador de la sociedad entre en juego. El caso Mallku Khota muestra al Estado como un actor pasivo o demasiado lento para realizar acciones para frenar la violencia entre comunarios y, además, el secuestro de cuatro personas.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 30, parágrafo 2, inciso 15 indica que “las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados… cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles… respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en los territorios que habitan… (y tienen derecho) a la participación en los beneficios de la explotación de los beneficios dela explotación de los recursos naturales en sus territorios”.

Vemos que los comunarios defienden sus intereses basados en este artículo. Pero la protesta que realizaron, secuestrando a esas cuatro personas,  de ninguna manera puede ser aceptada ya que estarían violando el art. 15, par. 1 “toda persona tiene derecho a la vida e integridad física. (…) Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos”; y el par, 2 “todas las personas… tienen derecho a no sufrir violencia física”

El gobierno del MAS actúa de forma dispareja en cuanto a hacer espetar los derechos se refiere. Se tuvo que es esperar que exista un fallecido y cuatro secuestrados, debido a los conflictos, para entrar en acción para que se cesen las agresiones en la comunidad. Después de liberar a las personas cautivas, se dio paso a cumplir el derecho por el cual peleaban los comunarios que está escrito en el artículo 30 de la CPE.

Existen otras medidas para hacer escuchar nuestras demandas, incluso más efectivas. No es necesario violar la integridad física de otras personas, ni recurrir a enfrentamientos y que se derrame sangre. Debemos hacer cumplir nuestros derechos y no podemos vulnerar los del otro, porque existe un camino que es inagotable, el diálogo.

Columna - Mallku Khota

Columna - Mallku Khota

Durante este lapso de seis años de gobierno  del señor Evo Morales, se han ido generando interrogantes sobre cómo se manejan los recursos naturales. Se han dado las “nacionalizaciones”, que hasta el cansancio se repite que son verídicas, pero por otra parte se demuestra que son falacias y es pura demagogia.

La más reciente noticia involucra a Mallku Khota, que para muchos recién la ubicaron en el mapa después del conflicto. El gobierno solucionó el problema con una velocidad que deja  mucho que desear. Se pudieron evitar el deceso del comunario y del secuestro y tortura de los dos ingenieros y un policía. Pero, ¿en realidad tenemos que llegar a enfrentarnos y a secuestrar a hermanos bolivianos para ser escuchados? Parece que con un gobierno soberbio es menester.

La reversión de la concesión minera de Mallku Khota queda en manos del presidente Morales. Pero seamos realistas, el decreto que la haría efectiva sería difícil sacarla y su promulgación no sería de manera inmediata. Y para este cometido el gobierno se debe poner de acuerdo con la parte técnica y la jurídica tanto de las autoridades nacionales como de las comunarios.

Dentro del acuerdo suscrito por el gobierno y los comunarios había un punto que señalaba que se iba a apoyar legalmente para que se acelere el caso del comunario Cancio Rojas. En un principio el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, había indicado que el gobierno no se involucraría en ese asunto porque le compete al Poder Judicial; pero con lo pactado, la Gobernación de Potosí apoyará con dos abogados para que sea liberado de en tiempo breve. Con esto se ve que la aplicación de la justicia en su cabalidad es negociable y que la presión social ayuda, de alguna manera, a que sigue la impunidad.

Análisis de Columnas 22 de junio

ANÁLISIS DE COLUMNAS

Cambio

Título: Pachamama en año nuevo

Problemática: Pedidos de año nuevo aymara para el Estado Plurinacional y para todas la personas

Forma de abordar la problemática

Párrafo 1: el primer párrafo, a modo de introducción, directamente ataca a la reciente festividad que tuvimos, San Juan. Explica que se festeja con elementos de una celebración foránea e indica por último que se “obvia el verdadero significado de nuestra identidad”. Esta parte no es muy clara, primero, porque la trata como si fuera nuestra pero es celebrada con elementos extranjeros (pirotecnia, bebidas, hot dogs). Segundo, porque en el siguiente párrafo se remonta al verdadero origen pagano de esta fecha.

Párrafo 2: habla sobre el origen de la festividad y empieza a introducir el tema de solsticio de invierno – y también de verano – con las fechas.

Párrafo 3: indica que las dos fechas de solsticio que existen son próximas a dos fechas paganas, Navidad y San Juan.

Párrafo 4: empieza a hablar sobre el año nuevo antes de la colonización, que era propio y sobre todo que correspondía al ciclo agrícola.

Párrafo 5: aquí comienza a alabar al Estado Plurinacional indicando que se empezó el proceso de despatriarcalización y descolonización y que revaloriza nuestras prácticas culturales.

Párrafo 6: empieza a hacer un pedido a la madre tierra atacando al capitalismo salvaje. Este pedido es abierto por unas comillas que nunca se cierran.

Párrafo 7: pide que los países propongan estrategias de solución a la crisis financiera, contaminación ambiental y pobreza en el Río+20.

Párrafo 8: que los países desarrollados no lucren más con su llamada “economía verde”.

Párrafo 9: pide que exista buena producción agrícola.

Párrafo 10: pide que el Estado Plurinacional siga con su tarea de desptrariarcalización y descolonización y que no sea sólo un ideario, sino que cambie la mentalidad de todos.

Párrafo 11: pide que las/os ministras/os traduzcan en políticas públicas – pero no especifica qué – y va directamente a pedir que se solucione la mortalidad infantil.

Párrafo 12: pide que entre hombres y mujeres se luche por una sociedad igualitaria y se de vería llegar al Vivir Bien.

Párrafo 13: y por último pide que las/os abuelas/os guíen a todos los bolivianos, incluyendo al presidente.

Esta columna no presenta una tesis objetiva. Lo más objetivo, por decirlo así, son los pedidos que realiza a la Pachamama para el nuevo año. Al principio, cuando habla sobre la festividad de San Juan y hace una contextualización histórica, parece ser una introducción, y en el caso de que lo fuere, es una demasiada extensa. Son demasiados párrafos, además de cortos.

La Razón

Título: G-20

Problemática: La riqueza que ostentan los países frente a otros y las deudas que los países obtienen son un invento del capitalismo.

Forma de abordar la problemática

Párrafo 1: Cuenta que al momento de invitarla a la cumbre del G-20, ella no tenía mucha referencia sobre la misma. Y empieza con un ataque a los países que lo integran llamando a sus pretensiones de “codiciosas y cínicas”.

Párrafo 2: Cuenta que el foro más enriquecedor fue el de mujeres con una mirada feminista. Esto se debe a que, siendo ella una activista feminista en Bolivia, es el único tema del que va a dar buenos comentarios. En este párrafo desarrolla su tesis, “la riqueza no existe y es un invento del capital”. Cita a la teoría marxista y sigue siendo incisiva con su crítica al capitalismo y a los países que creen el “cuento” de la riqueza. No está por demás decir que este párrafo es demasiado extenso y consta de 20 líneas. De la manera más simple se lo pudo dividir en tres e incluso cuatro párrafos con semejante cantidad.

Párrafo 3: Sentencia el problema arengando que los pueblos no pagaran las mentiras y especulaciones de las transnacionales, de las naciones “ricas”.

Página Siete

Título: ¿La maldición de las ONG?

Problemática: No todas las ONG son iguales. Se debe tener más seriedad tanto conceptual como política.

Forma de abordar la problemática

Párrafo 1: La introducción da pie al reclamo del columnista.

Párrafo 2: En este párrafo pide al Gobierno diferenciar a las ONG. Pide que no se mezclen y da datos sobre ellas para considerar que no todas son lo mismo. El párrafo es largo se lo podría haber dividido en dos.

Párrafo 3: Da conclusiones sobre las acusaciones del gobierno hacia los ONG y critica que varios funcionarios de gobierno salieron de las mismas. De nuevo un párrafo muy extenso, que también se lo podría haber dividido.

Párrafo 4: Sigue dando más datos de cómo y de ´que tipo de ONG son. Pide por último que el gobierno respeto los derechos de la sociedad civil, en cualquiera de sus formas y formaciones, porque si no está condenado a ser dictatorial. Otra vez el párrafo es extenso.

Párrafo 5: Da un dato más sobre las ONG, en este caso sobre las ambientalistas, y da información para que el gobierno no las acuse de coloniales.

Párrafo 6: Sentencia pidiendo seriedad tanto conceptual como política.

Caso Unipol

EDITORIAL

Después de tantas citaciones el ex comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, será trasladado a la cárcel de San Pedro a cumplir su condena. Estas situaciones de corrupción y uso indebido de influencias se dan de forma más frecuente en los últimos años y dejan en crisis a la institución del orden. Ya no es novedad cuando se comenta en las calles sobre estos casos. ¿Nos volvemos más indiferentes ante estas situaciones, o la corrupción está llegando a ser socialmente aceptada?

La artimaña usada en este caso se llama “plan piloto” de jóvenes interculturales, dicho sea de paso nunca existió. Existe la versión, rechazada por Santiesteban, que cada uno de los 54 cadetes pagó más de cinco mil dólares estadounidenses para ser aceptados en la Universidad Policial (Unipol). Pero viendo más allá dentro de esta institución, ya que los cupos de grados vacantes son limitados, se tiene que pagar para ascender y los montos oscilan entre los cinco y diez mil dólares estadounidenses. Y es bastante conocida esta situación. Por eso se dice que “para ascender en la Policía hay que tener plata”.

El coronel Víctor Maldonado, nuevo comandante de la Policía, debe afrontar esta difícil situación ante una notoria oposición que sufre su mandato. Ya recibió el rechazo por parte del director nacional de la FELCC, Jorge Toro, la representante de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, el director nacional de Diprove, Jorge Cárdenas e incluso del dirigente de la Cidob, Adolfo Chávez. La protesta se vale de dos puntos: Maldonado no salió de la Academia Nacional de Policías (Anapol); y solamente un general puede ser designado como comandante. Por tanto viola el artículo 13 de la Ley Orgánica de esta institución y el artículo 253 de la Constitución Política del Estado.

Se podría llegar a la apreciación que aparte de corrupción están cometiendo actos de discriminación. En el pasado, los policías, al momento de recibir a los postulantes se los excluían por el apellido, después fue por motivos de quién tenía más dinero y así se iban poniendo más trancas.  Con la reciente posesión de Maldonado se abre de nuevo el tema de la discriminación, según él, al no aceptarlo como autoridad máxima de la institución, lo están discriminando.

Una interrogante que nos debemos hacer es, ¿con qué criterio el gobierno nacional optó por Maldonado para el cargo y no a otro que estaba más calificado, dentro de la carrera de méritos como indica la CPE? Esta movida del gobierno, de designar a un “tira” como máximo jefe policial parece ser que responde más a una estrategia que a un correcto cumplimiento de las leyes.

Lo que podemos hacer es pedir a Maldonado que tenga la capacidad de sanear a la institución verde olivo de la corrupción. Que no sólo sea un títere para introducir más infiltrados en organizaciones, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, movimientos sociales y marchas que no son afines al gobierno del MAS.

Editorial - Control a las redes sociales

EDITORIAL

El pasado 13 de mayo, el presidente Evo Morales vertió comentarios en torno a mensajes discriminatorios en su contra en la famosa red social Facebook. A raíz del reclamo de Morales, en el país se inició el debate acerca de la regulación de estas redes con una nueva norma y, además,  haciendo prevalecer la existente ley 045 de “Lucha Contra el Racismo y la Discriminación”.

Esto nos hace pensar de inmediato que el derecho de libertad de expresión que gozamos, puede ser totalmente violado. Estaríamos volviendo a épocas retrógradas y oscuras en la que la expresión popular era hegemonizada. Ante este hecho, el gobierno incrementa su mala imagen y en este caso principalmente de los jóvenes, quienes son los más directo afectados. Este tipo de medidas es inaceptable cuando gozamos de la democracia en la que todos podemos expresarnos libremente.

También, sin ir más allá, cabe recordar lo que pasa en países como China o Irán. Las redes sociales y el uso de internet están reguladas por el Estado. En China está vigente el equivalente asiático a Twitter, Sina Weibo. La página tiene absoluta potestad de vigilar los comentarios que se emiten por los usuarios en ella. O Irán, que se planea la formación de un Consejo Supremo para internet, cuyo objetivo será realizar “una completa observación de la red a nivel nacional e internacional”.

Algo que debemos entender es que no podemos emitir mensajes discriminatorios o racistas y después escudarnos en la libertad de expresión. Sino basta con recordar lo que pasó en Alemania hace tres años. Una organización neonazi protestaba ante el gobierno para que los dejen difundir su ideología, amprándose en la libertad de expresión. Por cierto, en el país germano está terminantemente prohibida la emisión de ideas nacionalsocialistas – que lleva implícito el racismo, el antisemitismo y la homofobia entre otros – y el uso de símbolos como esvásticas.

Todo depende del entorno de cada persona y cómo fue educado, por eso la educación intrafamiliar es primordial en este tipo de casos. Los niños son los principales afectados y los principales observadores de nuestras conductas, palabras y acciones, ya sean malas o buenas. Lo único que tenemos en nuestras manos es el buen uso de estas redes y también la buena aplicación con otras personas. Toda libertad conlleva una gran responsabilidad.

Editorial - Inseguridad ciudadana

EDITORIAL 

Parece ser necesario que mueran periodistas para que se trate un tema tan sensible como lo es la inseguridad ciudadana. A causa de estos hechos empiezan los debates mediáticos, los reclamos masivos por parte de la población en general y la creación de leyes para la seguridad para periodistas.

 Vemos que para eliminar este mal de una vez por todas hay un punto muy importante, que no sólo interesa a los periodistas, sino a la ciudadanía, y es la implementación de medidas de seguridad en los vehículos del transporte público.

Una de las medidas recientes que se tiene, por parte del gobierno municipal de La Paz, es la denominada “Pasajero Seguro”. Ésta es una de las pocas determinaciones que se tiene en contra de la creciente delincuencia que se vale del transporte para cometer sus fechorías. Algo para destacar es que cada vez más empresas de radio taxis se adhieren a este programa con tal de brindar seguridad a los usuarios.

En una de las declaraciones emitidas por el ministro Carlos Romero, en relación con la reciente muerte del periodista Eugenio Aduviri, advierte con trabajar en medidas como colocar más cámaras de seguridad, dotar a los vehículos de GPS, instalar chips en los mismos y la de colocar tarjetas de conductor de forma automatizada, que permitiría al pasajero verificar si el automóvil está habilitado para el transporte público.

Pero estas disposiciones que indica el ministro Romero, ¿habrán sido algo en lo que se viene estudiando y analizando para su consumación y sea una garantía para la población o es una de tantas promesas que un político hace cuando el caso amerita? Esperamos que sea la primera opción y que dentro de un tiempo se tengan buenas noticias en pro de la seguridad ciudadana.

Dispositivos de vigilancia y seguridad, control social, mayor patrullaje policial (¿e incluso militar?), parecen ser algunos paliativos que se ofrecen en este momento. Pero nos queda la duda si es que ¿se trabajará de una vez por todas para que tengamos una ciudad tranquila donde podamos transitar sea cual sea la hora? ¿O es que se necesitan más periodistas muertos para que tengamos la certeza de que se realizarán acciones y se den soluciones reales y además se las ponga en práctica en contra de de estas personas antisociales?

Editorial - Conflicto médico

EDITORIAL

El sector salud y el gobierno, mediante la firma de un preacuerdo, ponen fin a 52 días de conflicto y dará paso a la atención de pacientes desde el lunes 21 de mayo y de esta manera sólo queda esperar hasta julio, mes en el que se realizará la Cumbre Nacional de Salud.

Pasado los conflictos callejeros entre estudiantes de medicina y policías, entre Ministro de salud y Colegio de Médicos, sólo cabe esperar y ver si hay una luz al final del túnel. La Cumbre Nacional que se aproxima será – y esperemos que así sea – el capítulo final de esta larga novela en la que se vio sumergida toda la población boliviana. También servirá como medidor de fuerza para el gobierno, que últimamente tiene una imagen cada vez más deteriorada por sus decisiones a destiempo.

Una cumbre que promete poner fin a estos conflictos es vista con gran expectativa y trae consigo varios retos. Existen varios, en los que se ve que el problema que atraviesa la salud en Bolivia no es sólo de carácter de seis u ocho horas de trabajo, sino va más al mejoramiento de infraestructura, la creación de la misma, el mejoramiento tecnológico, dotación de más ítems, capacitación para todo el personal y más recursos financieros.

Entre tanto esperar a que se dé fin de una vez por todas a esta disputa, el decreto 1232 termina con la susceptibilidad de que el gobierno no cumpla con lo pactado y que de ahora en adelante sólo se tenga en mente para los dos ambos bandos, tanto galenos como gobierno, la proposición de soluciones en una cumbre que tiene la oportunidad única de lograr un resultado significativo para la sociedad boliviana, como es el mejoramiento del sistema de salud nacional.

El final perfecto de esta novela debe ser el que tenga a la población en general como la principal favorecida y esperemos que el gobierno reflexione y si existen problemas venideros dé soluciones antes que el conflicto crezca y no se lo pueda controlar.